Las promesas olvidadas

La lucha contra la corrupción fue uno de los principales temas en debate durante las últimas elecciones generales. Gana Perú, extinta coalición electoral que llevó a Ollanta Humala a la Presidencia de la República, fue la organización que dio mayor énfasis a esta problemática. La gran cantidad y la magnitud de los casos de corrupción registrados durante el último gobierno aprista, como el de Fernando Barrios en Essalud, los Petroaudios, el caso del Banco de Materiales, Cofopri o los que involucran al ex ministro de Educación, José Antonio Chang, entre otros, requerían una respuesta contundente por parte de un nuevo gobierno.

Sin embargo, las expectativas de la población se desvanecieron rápidamente debido a las acusaciones de corrupción y tráfico de influencias contra el entorno familiar del actual Presidente (como el caso Krasny que involucra a su hermano Alexis Humala) o al escándalo que involucró al ex Vice- Presidente Omar Chehade. La designación de Eduardo Roy Gates como asesor presidencial, a pesar de su historial como abogado de personas acusadas de narcotráfico y lavado de activos, tales como César Cataño y parte del clan familiar Sánchez Paredes, tampoco corresponden al espíritu de la prometida cruzada contra la corrupción.

A casi 2 años de gobierno nacionalista, nada de fondo ha cambiado. Propuestas como la imprescriptibilidad de delitos de gran corrupción, la inhabilitación perpetua de los funcionarios corruptos, la inclusión de los gastos de permanencia en prisión de los condenados en la reparación civil, la reorganización del organismo supervisor de compras del Estado (OSCE), entre otras promesas concretas del actual gobierno que fueron señaladas en la presentación del Gabinente de Salomón Lerner, han quedado en el olvido.

La propuesta de imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, la promesa más importante del nacionalismo en esta materia, luego de pasar brevemente por el Pleno del Congreso en donde quedó demostrado el poco interés de Gana Perú para su aprobación, regresó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a pesar de ser esta una instancia que no tiene facultades para realizar reformas en la Constitución, paso necesario para implementar este proyecto de ley.

Algunas excepciones

La Procuraduría Anticorrupción ha realizado importantes acciones que deben ser institucionalizadas mediante norma. El impacto generado por los procesos de embargo contra personajes de la talla de Alberto Kouri, entre otros, ha sido un símbolo importante contra la impunidad. Es necesario recordar que de mil millones de nuevos soles adeudados al fisco desde la dictadura fujimorista, sólo se han recuperado alrededor de 10 millones, es decir, menos del 1% del total. Esta recuperación se registró principalmente en los primeros años del retorno a la democracia y poco a poco fue estancándose.

De la misma manera es importante resaltar el trabajo del Congresista Sergio Tejada al frente de la denominada “megacomisión” encargada de investigar los casos de corrupción durante el último gobierno aprista. La comisión enfrentó desde el inicio grandes dificultades y ha sido blanco de los ataques de diferentes sectores políticos y de los medios de comunicación cercanos al ex Presidente Alan García. La megacomisión se concentró en algunos casos “menores” como la inversión en colegios emblemáticos, investigación importante pero de mucho menor impacto que otras anteriormente mencionados.

Además de las iniciativas señaladas, durante este gobierno se elaboró el Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción, el cual si bien representa un avance, contiene una serie de limitaciones y ausencias pueden ser fácilmente apreciadas. El PNLCC no dialoga con una visión de conjunto ni de largo plazo.

Conociendo al enemigo

La corrupción es un fenómeno de intereses asimétricos, es decir, funciona en tanto un actor tiene interés en conseguir determinado bien simbólico o material que otro detenta o administra y que obedece a un marco de normas determinadas que no le dan la libertad completa de para disponer de dicho bien (Mujica 2005). Constituye la vulneración de los derechos humanos, es contraria a la democracia, conduciendo a la sustitución del interés público por el interés privado de quienes se benefician del acto de corrupción y socavando las instituciones que son pilares de esta. Citando las declaraciones del Secretario General de la ONU se puede decir que la corrupción “se traduce en puente, hospitales y escuelas que nunca pudieron construirse, y personas que deben vivir sin los beneficios de estos servicios”.

En su forma asociativa, muy común en la administración pública, la corrupción se implementa a través de la constitución de redes, debido a la necesidad de coordinación, de seguridad y al mismo tiempo un espacio para poder desenvolverse (Mujica 2005). La corrupción es reconocida como una estructura que funciona al interior de lo político y que no lo destruye, al contrario, lo utiliza. Al interior de estas redes se generan códigos, liderazgos y relaciones de confianza, en una suerte de “estado paralelo” en pos de conseguir determinados beneficios. La corrupción parece ser, entonces, un camino práctico “necesario” para los actores, que si bien pueden conocer que esto es negativo, no niegan su participación y la utilidad de estas vías.

Conclusiones

En materia de lucha contra la corrupción existe un escenario complejo, vinculado con la fragilidad del sistema democrático. Las instituciones se encuentran debilitadas y son percibidas como corruptas al igual que los actores políticos y de gobierno. Se debe recordar que durante el gobierno de Fujimori se desarrolló una estrecha vinculación entre la corrupción y la violación sistemática de los derechos humanos, en un escenario similar de crisis institucional.

La “Gran Transformación” no ha representado un giro importante en ese sentido, al contrario el avance de las redes de corrupción dentro del propio Estado es notorio. En este caso es plenamente válida la observación de Olivier de Sardan (1999): “la corrupción es tantas veces denunciada en palabras como es practicada en los hechos”.

Para abordar el análisis de la corrupción en el Perú se debe tomar en cuenta condicionamientos históricos y factores socioculturales ya que en la ciudadanía existe una tendencia preocupante hacia la tolerancia de este fenómeno.

Se necesita un nuevo ordenamiento legal y cambio constitucional que edifique una nueva institucionalidad democrática, refundando las instituciones y consolidando un Estado ético y transparente. La lucha contra la corrupción tiene todavía un largo trecho por recorrer, pero es una apuesta estratégica y un camino necesario para el bienestar de nuestra sociedad y el futuro de las próximas generaciones.

Arturo Ayala Del Río

Grupo de Trabajo Contra la Corrupción - Forum Solidaridad Perú